Fraud Defense Lawyer

Los delitos de fraude son un tipo de ilícitos mediante los cuales se lleva a cabo un apoderamiento a través del engaño, la mentira u otra conducta similar. El fraude abarca ilícitos en diversos ámbitos, como el fraude bancario, el fraude hipotecario, el robo de identidad, el fraude electrónico, el fraude postal y el fraude al Seguro Médico Medicare, así como el Fraude de Atención Médica. Si bien los delitos comunes como el robo menor o de mercancías en tiendas pueden conllevar sanciones sustanciales, los delitos de fraude a menudo se procesan con mucha más severidad debido a que atentan contra la confianza. Además, estos delitos a menudo involucran una cantidad importante de dinero. Los abogados defensores especializados en fraude de Boyle & Jasari tienen la experiencia necesaria para ayudar a sortear estos casos complicados.

No todos aquellos investigados o acusados de fraude se han involucrado en una conducta que una persona común y corriente podría considerar como “delictiva”. Algunos tipos de delitos, como el fraude gubernamental previsto por la Ley de Reclamaciones Falsas o el fraude de valores, pueden ser y son perseguidos cuando no hay evidencia de una “intención específica” de defraudar. Con frecuencia, los agentes del gobierno se basarán en una corriente llamada “indiferencia deliberada” para argumentar que un individuo es responsable de una infracción porque sabía o debería haber sabido sobre la conducta delictiva involucrada. Hay una delgada línea entre la intención y el error. La presencia de la “intención” hace que la conducta sea un delito. La ausencia de intención convierte la misma conducta en un error no punible.

Si usted es señalado como sospechoso o ha sido acusado de un delito de fraude, debe buscar la asesoría de un abogado defensor experimentado en casos de fraude. Es fundamental comprender sus derechos y cómo puede defenderse mejor si el caso avanza a la etapa del juicio.

En Boyle & Jasari, nuestros abogados litigantes experimentados son expertos en delitos federales complejos y de cuello blanco. El término delito de cuello blanco se refiere a la actividad ilegal no violenta motivada por razones financieras. El fraude es uno de los delitos de cuello blanco más graves que la autoridad busca impedir a través de medidas estratégicas. En 2002, se ratificó la Ley de Reforzamiento de Penas para Delitos de Cuello Blanco, con el objetivo de incrementar las penas para diversos tipos de fraude. Y si además consideramos la Reforma a la Ley de Sentencias de 1984, que elimina la posibilidad de libertad condicional para los condenados por delitos federales, entonces las sanciones por fraude pueden conducir a largas penas de prisión.

¿Por qué elegirnos como abogados defensores para casos de fraude?

Los abogados de Boyle & Jasari son defensores consumados en casos de fraude. Así lo constatan las numerosas y emblemáticas victorias legales logradas en tribunales estatales, federales e internacionales. Ampliamente reconocido como experto en delitos de cuello blanco, el abogado Dennis Boyle frecuentemente presenta conferencias, tanto en foros nacionales como internacionales, sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Ley del Secreto Bancario, Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional y Anti-Lavado de Dinero.

El abogado Boyle ha recibido numerosas distinciones por sus logros a lo largo de su carrera, incluida la más alta valoración, “AV”, Prominente, de Martindale Hubbel; el Premio a los Diez Mejores Abogados de Estados Unidos; y el Premio al Mérito Profesional de la Barra de Abogados de Estados Unidos. Además, el abogado Boyle ha sido incluido en la clasificación de los Súper Abogados de Washington DC, de 2011 hasta el presente.

Cómo pueden ayudar en su caso nuestros abogados defensores especialistas en fraude

El abogado Dennis Boyle, que anteriormente se desempeñó como integrante del Cuerpo Jurídico de la Marina, Primer Ajunto del Fiscal de Distrito y Adjunto Especial del Fiscal de los Estados Unidos, tiene una amplia experiencia en derecho penal. Haberse desempeñado durante más de una década como fiscal, le permite aportar una perspectiva única a los litigios de defensa penal.

Si usted o alguien conocido es objeto de una investigación o ha sido acusado de fraude, comuníquese con Boyle & Jasari para una evaluación de su caso. Es importante tener en cuenta que la contratación temprana de nuestro equipo de defensa nos permitirá emplear defensas estratégicas destinadas a que se desestime su caso o protegerlo de ser acusado en primera instancia. Si bien estas estrategias no garantizan un desechamiento, es más probable que se obtenga un resultado exitoso si la representación se asegura tempranamente.

Definición de fraude

El fraude es un acto ilegal que ocurre cuando un perpetrador obtiene una ganancia ilegal o niega un derecho adquirido a la víctima. El fraude puede ocurrir en casi cualquier actividad económica, incluida la financiera, los seguros, las inversiones y los bienes raíces. Los actos fraudulentos pueden ocurrir al adquirir bienes inmuebles como terrenos, obras de arte o bienes muebles, así como derechos intangibles como la propiedad intelectual, incluidos los secretos comerciales. Las actividades ilícitas pueden ser ejecutadas por una organización, un grupo de personas o un solo individuo.

Los Estados y el gobierno federal de los EE. UU. tienen leyes que penalizan el fraude. Sin embargo, es posible que estas acciones no siempre conduzcan a un juicio penal; también pueden originarse procedimientos civiles. Los Fiscales de Distrito pueden decidir si envían un caso a juicio o pueden emprender otras acciones, como la mediación o un acuerdo entre las partes. Si los fiscales deciden enviar el caso a juicio, el acusado puede ser sentenciado y condenado a prisión.

Fraude bancario

El fraude bancario es un término amplio que se utiliza para describir una serie de actividades fraudulentas dirigidas a sustraer dinero de un banco, institución financiera o a los depositantes de un banco. Para propósitos legales, una institución financiera es aquella que cuenta con soporte federal, como la Corporación Federal de Seguros para los Depósitos y los bancos de la Reserva Federal.

Una persona comete fraude bancario cuando utiliza el engaño o alguna otra acción deliberada para defraudar a una institución financiera para beneficio personal. La ganancia personal puede llegar en muchas formas, incluyendo dinero, activos, crédito, valores o propiedad.

Hay muchos tipos diferentes de fraude bancario, cada uno de los cuales son investigados y perseguidos por la Agencia del Servicio Secreto de EE. UU. Los tipos más comunes de fraude bancario, sin embargo, incluyen la falsificación, la suplantación de identidad bancaria, los préstamos fraudulentos, el fraude bancario por Internet y los cheques robados. Un delito de esta naturaleza corresponde al ámbito federal y, si es declarado culpable, el implicado enfrentará hasta 30 años de prisión y multa de hasta $1 millón de dólares.

Fraude Hipotecario

El fraude hipotecario es una subcategoría del fraude bancario. Este tipo de delito se presenta cuando una persona o entidad realiza una omisión, o declaración falsa o errónea sustancial en relación con un préstamo hipotecario, en la que los prestamistas confían. Los esquemas de fraude hipotecario abarcan toda una gama de variantes y pueden ser extremadamente complejos y sofisticados o, bien, bastante simples. Los siguientes, sin embargo, son los delitos hipotecarios más comunes:

Documentación fraudulenta para el respaldo de un préstamo: esto ocurre cuando un comprador potencial o agente inmobiliario presenta documentación de respaldo falsificada, como formularios W2 falsos o un avalúo de propiedad inflado.

Reventa ilegal de propiedad: una persona compra una propiedad, paga por conseguir un avalúo inflado que no es real y luego revende rápidamente la casa por el valor inflado. Este esquema también puede implicar sobornos a terceros, documentación soporte falsificada y/o ingresos inflados del comprador.

Segunda hipoteca oculta: el vendedor utiliza una segunda hipoteca no revelada para prestar al comprador el pago inicial. El vendedor oculta la segunda hipoteca y el banco cree que el comprador usó su propio dinero para el pago inicial.

Extracción de Valor: un inversionista usa un prestanombres para comprar una casa. Antes del cierre, el prestanombres cede la propiedad al inversionista mediante una escritura de renuncia. El inversionista nunca hace los pagos de la hipoteca, sino que alquila la propiedad para obtener un ingreso hasta que la institución financiera prestamista ejecuta la hipoteca de la propiedad.

Usurpación de identidad: el solicitante de una hipoteca utiliza la identidad de otra persona para obtener un préstamo hipotecario.

Independientemente de la naturaleza del delito, el fraude hipotecario es de materia federal y, en algunos estados, es considerado un delito local. Si es declarado culpable, el responsable enfrentará hasta 30 años de cárcel y multa de hasta $1 millón de dólares.

Robo de identidad

El robo de identidad ocurre cuando un individuo usa ilegalmente la información personal de una víctima para adquirir bienes, obtener un crédito o cometer otro acto fraudulento. Una forma común de robo de identidad es cuando alguien usa el número de tarjeta de crédito de otra persona para hacer compras. Otro tipo de robo de identidad se presenta cuando una persona usa la información personal de un tercero para obtener una cuenta financiera.

Los casos de robo de identidad a menudo se procesan como delitos graves y pueden dar lugar a penas severas, incluidas multas y cárcel. Las víctimas de robo de identidad a menudo sufren consecuencias desagradables, además de que sus historiales de crédito pueden verse afectados severamente. A veces, las víctimas pueden también ser responsables financieramente de los cargos realizados en sus cuentas.

Fraude postal y electrónico

El fraude postal ocurre cuando una persona usa el Servicio Postal Público de los EE. UU., u otro servicio de entrega postal interestatal, para engañar a otra persona o entidad con dinero o propiedad. El fraude electrónico es más o menos lo mismo, excepto que implica el uso de una transmisión electrónica interestatal. La transmisión electrónica puede ser a través de correo electrónico, fax, teléfono, texto o el uso de una sala de chat interestatal. Las leyes aplicables al fraude electrónico son esencialmente una extensión de las aplicables al fraude postal, que el gobierno creó para abarcar la evolución de la tecnología.

Tanto el fraude postal como el electrónico son delitos federales que conllevan penas severas. Aunque el castigo depende del monto en dinero o bienes que el acusado intentó o logró obtener, la cantidad de víctimas afectadas y los antecedentes penales del acusado, una condena para este tipo de delitos podría resultar en hasta 30 años de prisión, hasta $ 1 millón de dólares de multa, la reparación del daño y libertad condicional.

Fraude al Seguro Médico Medicare y de atención médica

Tanto los pacientes como los proveedores de servicios de salud cometen fraudes de atención médica y al Seguro Médico Medicare de manera cada vez más común. Un proveedor puede cometer fraude de atención médica de varias maneras, incluida la tergiversación del nivel o tipo de servicio prestado; facturar artículos o servicios que no eran médicamente necesarios o que nunca se prestaron; facturar al Seguro Médico Medicare por citas a las que los pacientes no asistieron; facturación por servicios que no fueron debidamente documentados, así como solicitar el pago de servicios individuales que se realizaron en el mismo día y que eran integrales entre sí (desagregación).

El consumidor cotidiano también puede cometer fraude en el cuidado de la salud. La forma más común en que esto ocurre es cuando una persona, con conocimiento, presenta un reclamo falso para obtener beneficios del Seguro Médico Medicare a los que no hubiera tenido derecho de otro modo. Los fraudes al Seguro Médico Medicare y con motivo de atención médica pueden resultar en sanciones penales y civiles, la primera de las cuales incluye multas y prisión.

¿Qué es el Fraude a través de Internet?

El fraude a través de Internet utiliza este medio electrónico para defraudar o aprovecharse de una víctima. Por lo general, el fraude a través de Internet tiene como objetivo obtener dinero o propiedades de las víctimas o robar la identidad de una persona. Ejemplos comunes de fraude por Internet incluyen filtraciones de datos, phishing o suplantación de identidad y propagación de malware o scareware.

¿Qué se considera robo de datos?

El robo de datos es otro tipo importante de robo de identidad relacionado con el fraude a través de Internet al que muchas personas pueden no prestar tanta atención como deberían. Con el rápido crecimiento de Internet y todas las actividades en las que las personas participan en línea, es crucial saber lo que es el robo de datos y cómo prevenirlo.

El robo de datos electrónicos generalmente se define como el diseño de un sistema y/o la ejecución de un plan para extorsionar, defraudar, engañar o cometer un delito que viola la ley, así como controlar, obtener acceso u obtener propiedad, dinero o datos electrónicos de manera ilegal. Si usted comete estos actos intencionalmente, puede ser acusado y condenado por robo de datos electrónicos.

Los datos electrónicos abarcan muchas partes diferentes de información, incluidos, entre otros, los números de seguro social, los números de identificación de los contribuyentes, información de cuentas bancarias, registros médicos, información de seguros de salud, códigos o contraseñas de acceso que permiten el ingreso a las cuentas financieras de una persona, entre otras.

Posibles defensas contra el robo de datos

Autorización o Certeza Razonable: El delito de robo de datos electrónicos se caracteriza por el hecho de que usted no tenía autorización para realizar estas acciones, o que usted no tenía motivos razonables para creer que tenía autorización. Si puede demostrar que se le permitió acceder a los datos electrónicos de la presunta víctima, o que usted creía razonablemente que se le permitió hacerlo, este hecho podría ser una defensa legal válida contra el delito de robo de datos electrónicos.

En caso de no haberlo hecho, también es posible argumentar en su defensa que usted no fue la persona que accedió a estos datos y cometió el delito. La forma más común en que las personas son identificadas como partícipes del robo de datos es rastreando la actividad ilegal con su clave de dirección IP única. Cada computadora tiene una dirección IP única, y es bastante sencillo para las autoridades identificar quién accedió a información particular desde una determinada computadora. Si usted y su abogado pueden demostrar que no estaba en la computadora específica que se utilizó para acceder a esta información, o si pueden demostrar de alguna otra manera que usted no fue la persona que lo hizo, esta es una defensa legal válida.

Violación de Derechos Constitucionales: Otra defensa común contra el robo de datos electrónicos es aportar pruebas de que la policía violó sus derechos constitucionales durante su investigación. Quizás registraron e incautaron su computadora u otra información privada sin una orden judicial y sin tomar en cuenta circunstancias atenuantes. Si actuaron de esta manera, su abogado puede presentar una moción para suprimir e intentar que todas estas pruebas se consideren inadmisibles, lo que significa que no se pueden usar en su contra si el caso llegara a la etapa del juicio.

Consecuencias potenciales

En Washington D.C., el robo de datos electrónicos se considera un delito mayor de Clase C. Si usted es declarado culpable, podría recibir una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta $10,000 dólares. El robo de datos electrónicos es un delito grave, y no es raro que las fuerzas del orden interroguen a algún testigo mucho antes de ejecutar una detención. Si se encuentra en esta situación, es importante que se comunique con un abogado de inmediato para asegurarse de no decir nada que pueda usarse en su contra, en caso de que lo detengan y lo procesen.